“Es inusual que el Ministro de Justicia o un alto cargo del Poder Ejecutivo se acerque a un alto cargo judicial para intentar influir”
Los opositores y opositoras de la Residencia Pío XI y León XIII asistieron ayer a la conferencia sobre La elección de los jueces que organizó la Fundación Pablo VI dentro de sus Foros de Encuentros Interdisciplinares, con la presencia de Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
La elección de los jueces y el nombramiento de quiénes los eligen ha sido el tema del tercer Foro de Encuentros Interdisciplinares que organiza la Fundación Pablo VI, con un invitado de honor, el Catedrático de Derecho Constitucional, Luis María Díez-Picazo y presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la instancia encargada de conocer los actos que manan del Consejo General del Poder Judicial, entre ellos, el nombramiento de los jueces.
En su exposición, el magistrado reconoce la inquietud que este asunto de la elección de los jueces genera, por depender del Congreso y Senado, el órgano que nombra a los 12 vocales del órgano que gobierna a los jueces.
Una inquietud que, sin embargo, no está justificada pues el “hecho de que un alto cargo judicial sea nombrado por un cargo político no significa que vaya a ser su emisario”. De hecho, afirma”, “es inusual que el Ministro de Justicia o un alto cargo del Poder Ejecutivo se acerque a un alto cargo del Poder Judicial para intentar influir”, cosa que sí podría ocurrir si no existiera un órgano de Gobierno como el Consejo General del Poder Judicial, encargado precisamente de garantizar su independencia.
El riesgo de caer en el «corporativismo»
Esta forma de elección de los altos cargos por el llamado criterio de discrecionalidad, siempre y cuando reúnan ciertas exigencias y requisitos, es habitual en todos los países del mundo y “nadie duda en ningún país de que esto debe ser así”. Por eso no comprende “la mala prensa” que sufre el Consejo General del Poder Judicial, un sistema que nació para quitar de los jueces “las pecaminosas manos del poder ejecutivo ante la tentación de influirles”. Y, asegura, “más allá de los discursos para la galería no creo que haya ninguna fuerza política que quiera volver a la elección directa de los jueces”. Unas proclamas “más retóricas que sentidas” porque cuando tuvieron la ocasión de hacerlo con la Reforma de la Ley Orgánica de 2013 y luego la del 2015 “de ese asunto se olvidaron”. Por eso, dice, tengo la impresión de que “la nostalgia por la elección directa por los jueces, que se perdió en 1985, tiene mucho de retórico en nuestro país, pero de verdad no hay mucha gente que lo desee”.
«La experiencia del CGPJ en los últimos 40 años ha sido positiva»
Es cierto, dice, que el sistema actual puede prestarse a la “politización”, pero volver al sistema de elección directa previo a 1985 podría entrañar un riesgo peor, que es el del “corporativismo”. La otra alternativa sería suprimir el Consejo General del Poder Judicial, previa reforma constitucional, lo que significaría volver al sistema ministerial. Es decir, que las decisiones que ahora toma el Consejo las tomaría el Ministro de Justicia, como ocurría en España antes de 1978, con “unos riesgos nada despreciables”. Por tanto, afirma, con todas sus insuficiencias “la experiencia del Consejo General del Poder Judicial en los últimos 40 años ha sido positiva”
«No exponerse demasiado a los medios»
Sobre los casos mediáticos y las apariciones de los jueces en los medios de comunicación, afirma que si bien “no son contrarias al derecho”, ni un juez tiene suprimida la libertad de expresión, “lo mejor es aparecer lo menos posible y que de un juez se hable por sus sentencias”. Porque, “dentro de las virtudes que deben adornar a un juez está la de no situarse en el ojo del huracán ni exponerse demasiado”.
